En un comunicado emitido por la Oficina de la Procuraduría Federal de los Estados Unidos, se indicó que el 21 de noviembre de 2025, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Krissa M. Lanham, del Distrito de Arizona, sentenció al decimoctavo y último acusado en una operación conjunta investigada por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos junto con la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Arizona.
La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos tuvo conocimiento de una organización de tráfico de personas conocida como La Mesa tras conectar casos de transporte de inmigrantes indocumentados en el Distrito de Arizona y los Distritos Central y Sur de California. Antes del arresto de los dieciocho miembros en septiembre de 2024, La Mesa, que trabajaba para la organización criminal transnacional Los Rusos, con sede en México, operaba desde Yuma y Somerton, Arizona.
Los miembros de La Mesa eran responsables del contrabando, o intento de contrabando, de cientos de inmigrantes indocumentados a través de la frontera entre Estados Unidos y México y hacia el interior de los Estados Unidos. Carlos Moreno-Serrano lideraba la organización, dirigiendo al equipo de gerentes responsables de coordinar las operaciones de contrabando, conseguir casas de seguridad, distribuir dinero y ejercer control. Los gerentes supervisaban a los conductores que transportaban a los inmigrantes indocumentados, al personal de las casas de seguridad y a los encargados de la vigilancia.
Desde 2022 hasta septiembre de 2024, los miembros de La Mesa utilizaron la violencia y las amenazas de violencia para controlar a los miembros de su organización, incluyendo el secuestro, el robo y la extorsión de traficantes de personas que habían trabajado para su organización.
En enero de 2023, Saul Ponce Jr. (Ponce), Crystobal Figueroa (Figueroa), Angel Rodriguez (Rodriguez), Antonio Aparicio III (Aparicio) y Joshua Leon-Fuentes (Leon-Fuentes) secuestraron a un hombre y lo llevaron al desierto. El secuestro fue filmado por Figueroa y el video muestra a Figueroa entregando un arma de fuego con un cargador cilíndrico extendido a Leon-Fuentes. Leon-Fuentes apunta con el arma a la parte posterior de la cabeza del hombre, mientras otros le dicen que no lo mate porque está demasiado cerca de la carretera. Luego se ve a Figueroa pateando al hombre en la parte posterior de la cabeza.
Durante otro secuestro a mediados de 2023, Leon-Fuentes, Aparicio y Rodriguez condujeron hasta la casa de una mujer que había sido detenida por la Patrulla Fronteriza por tráfico de personas. Exigieron que la mujer pagara 20.000 dólares por no haber entregado a los inmigrantes indocumentados, aunque la mujer solo pudo entregar a la organización 10.000 dólares. Debido a que le había costado dinero a La Mesa y no les había reembolsado completamente sus pérdidas, los miembros de La Mesa recibieron instrucciones de llevarla a México para ser castigada. Durante el secuestro, León-Fuentes le apuntó con el cañón de una escopeta al abdomen y le dijo que si intentaba algo, las consecuencias serían graves. El Departamento de Policía de Yuma llegó y frustró el secuestro. La mujer informó a los agentes que León-Fuentes y los demás le dijeron que una vez que la llevaran de regreso a México, la casarían, la torturarían o la matarían.
Durante la conspiración, varios acusados huyeron a gran velocidad de las fuerzas del orden, y varios inmigrantes indocumentados sufrieron heridas graves durante el transporte. En varias ocasiones, La Mesa también utilizó a conductores menores de edad para transportar inmigrantes indocumentados. Un conductor menor de edad, mientras huía de la Patrulla Fronteriza, estrelló una furgoneta de trabajo contra un canal de agua con 24 inmigrantes indocumentados a bordo, incluyendo un menor de edad y una mujer embarazada.
“Los hechos de la conducta delictiva aquí involucrada, que incluyen violencia, secuestro, armas de fuego y lesiones graves, demuestran por qué La Mesa o organizaciones similares que se dedican a albergar y transportar inmigrantes indocumentados son tan peligrosas para nuestras comunidades”, dijo el fiscal federal Timothy Courchaine. “Los excelentes esfuerzos de nuestra Patrulla Fronteriza y otros socios de las fuerzas del orden mantienen a los estadounidenses a salvo todos los días y les agradecemos su arduo trabajo que condujo a los resultados excepcionales en este caso”.
Los acusados fueron acusados mediante una acusación formal o una acusación formal sustitutiva en noviembre de 2023 y septiembre de 2024 por conspiración para albergar y/o transportar inmigrantes indocumentados. La jueza Krissa M. Lanham sentenció a los acusados a las siguientes penas:
Víctor Eduardo Araiza-Ponce, de 24 años, de Yuma, fue sentenciado al tiempo cumplido; más 3 años de libertad condicional supervisada
Antonio Aparicio III, de 24 años, de Somerton, fue sentenciado a 68 meses de prisión
Alonzo Esparza, de 27 años, de Yuma, fue sentenciado a 10 meses de prisión
Carlos Moreno-Serrano, de 24 años, de Yuma, fue sentenciado a 90 meses de prisión
Xasiel Noriega-Gonzalez, de 21 años, de Somerton, fue sentenciado a 78 meses de prisión
Joshua Guillermo Leon-Fuentes, de 21 años, de Somerton, fue sentenciado a 60 meses de prisión
Angel Rodriguez, de 23 años, de Yuma, fue sentenciado a 54 meses de prisión
Crystobal Figueroa, de 23 años, de Somerton, fue sentenciado a 66 meses de prisión
Saul Ponce Jr., de 23 años, de San Luis, fue sentenciado a 30 meses de prisión
David Leon-Pallanes, de 23 años, de Yuma, fue sentenciado a 3 años de libertad condicional supervisada
Manuel Uriel Alvarado, de 26 años, de Yuma, fue sentenciado a 24 meses de prisión
Elian Lopez, de 24 años, de Yuma, fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional
Raymundo Delgado-Diaz, de 35 años, de Yuma, fue sentenciado a 3 años de libertad condicional
Israel Zeveda, de 23 años, de Salinas, California, fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional.
Francisco Javier Esparza-Macias, de 21 años, de Somerton, fue sentenciado a 12 meses de libertad supervisada.
Alex Chiquete, de 25 años, de Yuma, fue sentenciado a 24 meses de libertad condicional.
Hector Eduardo-Valdez, de 31 años, de Yuma, fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.
Jose Gabriel Marquez-Mendiola, de 32 años, de Yuma, fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.
“La sentencia de los miembros de la organización de contrabando de La Mesa es una prueba de la incansable búsqueda del cumplimiento de la ley y de los esfuerzos de cooperación entre la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Fiscalía Federal. Llevar a estos contrabandistas ante la justicia sirve como una clara advertencia: el Gobierno de Estados Unidos hará que las personas rindan cuentas por sus acciones delictivas”, dijo el jefe interino de la Patrulla Fronteriza, Dustin Caudle. “Estoy sumamente orgulloso de nuestros agentes y de su dedicación a nuestra misión, que garantiza la seguridad de nuestras comunidades y de nuestra gran nación”.
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia de Campo de Yuma de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza de El Centro y la Patrulla Fronteriza de Indio, pertenecientes a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los fiscales federales adjuntos Ross Arellano Edwards y Stuart J. Zander, de la Fiscalía Federal de Phoenix, se encargaron del procesamiento.