El diputado Diego Echevarría informó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente de investigación administrativa identificado como INV/157/025, derivado de los presuntos actos de corrupción relacionados con la entrega de los camiones adquiridos para la Serie del Caribe, mismos que actualmente operan en rutas del transporte público bajo esquemas sin sustento legal.
El legislador recordó que fue en noviembre pasado, durante la comparecencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a la que acudió el Director del IMOS, cuando cuestionó públicamente bajo qué figura jurídica se encontraban operando los 25 camiones adquiridos por el Gobierno del Estado por un monto aproximado de 75 millones de pesos, es decir, 3 millones de pesos por unidad, y que actualmente circulan en las rutas Robledo y Eje.
En dicha comparecencia, el Director del IMOS reconoció que las unidades fueron entregadas a tres concesionarios mediante un supuesto convenio “a riesgo”, esquema que no existe en la legislación vigente, y mediante el cual el Gobierno del Estado compró los camiones, paga el seguro, las placas y hasta el mantenimiento, mientras que los concesionarios únicamente aportan al chofer, pero siguen cobrando la tarifa completa de 21 pesos a los usuarios.
El diputado Diego Echevarría calificó este esquema como absurdo, ilegal e indignante, al señalar que todo se paga con recurso público, pero el negocio queda en manos privadas.
“Son camiones comprados con dinero de la gente; se pagan sus placas, su seguro y su mantenimiento con dinero público, pero quien cobra y hace negocio es el concesionario. Esto no tiene lógica, no tiene sustento legal y huele a corrupción”, enfatizó.
Ante estos hechos, el legislador del PAN presentó una solicitud formal ante el Pleno del Congreso del Estado para que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investigara este presunto acto de corrupción. Dicha solicitud fue aprobada por mayoría, y este lunes el diputado informó que la Secretaría ya notificó oficialmente al Congreso sobre la apertura del expediente de investigación.
Finalmente, Diego Echevarría reiteró que resulta inadmisible que el Gobierno del Estado entregue 25 camiones adquiridos con recursos públicos para que tres concesionarios hagan negocio, y subrayó que, si el Estado absorbe los principales costos de operación, la tarifa debió reducirse, no mantenerse intacta.
El diputado informó que dará seguimiento puntual a la investigación y exigió que se deslinden responsabilidades, se sancione a quien resulte responsable y se ponga fin al uso del dinero público para beneficiar intereses privados.