La XXV Legislatura aprob\u00f3 una modificaci\u00f3n al art\u00edculo 325 del C\u00f3digo Penal de Baja California, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarr\u00eda Ibarra y Ram\u00f3n V\u00e1zquez Valadez, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el combate al fraude procesal, con el prop\u00f3sito de proteger el patrimonio de los bajacalifornianos ante maniobras jur\u00eddicas fraudulentas que buscan despojarlos de sus bienes.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de la reformar, se contempla una sanci\u00f3n adicional que aplica cuando la persona responsable del delito es abogado, patrono o litigante. En estos casos, se impondr\u00e1 la suspensi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para ejercer la profesi\u00f3n por un periodo de hasta cinco a\u00f1os, adem\u00e1s de una pena de prisi\u00f3n que puede oscilar entre uno y seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl fraude procesal se configura cuando se simulan actos jur\u00eddicos o se alteran pruebas para enga\u00f1ar a la autoridad y obtener un beneficio indebido esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso leg\u00edtimo a la justicia\u201d, se\u00f1al\u00f3 Diego Echevarr\u00eda al presentar su iniciativa. <\/p>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho y combatir la simulaci\u00f3n en juicios, incorporando entre otras medidas la posibilidad de imponer suspensi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n profesional de hasta cinco a\u00f1os a quienes resulten responsables de esta conducta.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el diputado Ram\u00f3n V\u00e1zquez destac\u00f3 que el derecho procesal en M\u00e9xico ha evolucionado como una herramienta fundamental para garantizar la justicia efectiva y proteger la integridad del proceso judicial. Record\u00f3 que desde la incorporaci\u00f3n del art\u00edculo 249 Bis al C\u00f3digo Penal Federal en 1993, se reconoci\u00f3 la gravedad de las maniobras fraudulentas como una amenaza directa al orden jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn una justicia penal acusatoria y con una ciudadan\u00eda m\u00e1s exigente en legalidad, el combate al fraude procesal es una prioridad legislativa. Este delito afecta la equidad del proceso y la confianza p\u00fablica, por lo que se requieren normas claras para sancionar con firmeza las conductas que vulneran la buena fe procesal\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, los promoventes subrayaron que el prop\u00f3sito de fondo de esta reforma es fortalecer el cuidado y protecci\u00f3n de la propiedad de los bajacalifornianos, ante casos en los que grupos de \u201cprofesionales del derecho\u201d se involucran en maniobras fraudulentas para despojar a ciudadanos de sus bienes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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