En sesi\u00f3n plenaria, el Congreso del Estado aprob\u00f3 por unanimidad el exhorto presentado por el diputado Diego Echevarr\u00eda Ibarra, mediante el cual se solicita una revisi\u00f3n integral sobre la entrega de 25 camiones de transporte p\u00fablico adquiridos por el gobierno estatal, cuyo costo total ascendi\u00f3 a aproximadamente 75 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El legislador se\u00f1al\u00f3 que dichas unidades fueron compradas bajo el argumento de apoyar la realizaci\u00f3n de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali y trasladar turistas al Estadio del Nido. <\/p>\n\n\n\n
Posteriormente se anunci\u00f3 que ser\u00edan incorporadas al servicio urbano en rutas concesionadas a particulares, principalmente en la L\u00e1zaro C\u00e1rdenas y en menor medida en la Robledo. \u201cSin embargo, nunca se explic\u00f3 con claridad bajo qu\u00e9 figura jur\u00eddica se entregaban estos autobuses propiedad del Estado a empresas privadas\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que, durante la glosa de la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuestion\u00f3 directamente al director del IMOS, Jorge Alberto Guti\u00e9rrez Topete, respecto al convenio de colaboraci\u00f3n \u201ca riesgo\u201d se\u00f1alado como fundamento; sin embargo, la respuesta fue que operaban bajo un supuesto convenio de esa naturaleza con tres concesionarios de Mexicali, y al solicitarle que explicara en qu\u00e9 consist\u00eda dicha figura y su sustento jur\u00eddico, no logr\u00f3 hacerlo de manera clara ni s\u00f3lida.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl gobierno aporta las unidades, paga el seguro, cubre el mantenimiento, y las empresas se quedan con todo lo que genera el servicio, eso no es ir a riesgo, es un negocio redondo para unos cuantos concesionarios y funcionarios\u201d, acus\u00f3 el Diego Echevarr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s de haber comprado los camiones y pagar su seguro, el Gobierno del Estado tambi\u00e9n cubre un pago mensual de 15 mil pesos por unidad para que los propios concesionarios realicen su mantenimiento en sus talleres. En total, el IMOS desembolsa 375 mil pesos al mes por el mantenimiento de veh\u00edculos que no administra ni opera directamente.<\/p>\n\n\n\n
Este esquema representa un uso indebido del patrimonio p\u00fablico, pues el Estado ya pag\u00f3 las unidades, sigue cubriendo los gastos de operaci\u00f3n y, en caso de que las cosas salgan mal, tambi\u00e9n asumir\u00eda las p\u00e9rdidas. El \u00fanico que arriesga es el Estado, mientras los particulares reciben camiones nuevos, operan rutas rentables, cobran la tarifa y no comparten ni un peso con el gobierno.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, la XXV Legislatura de Baja California exhort\u00f3 a la titular de la Secretar\u00eda de Anticorrupci\u00f3n y Buen Gobierno, Mar\u00eda Gabriela Monge P\u00e9rez, para que en el \u00e1mbito de sus atribuciones lleve a cabo una revisi\u00f3n integral y, en su caso, inicie las investigaciones correspondientes sobre posibles ilegalidades y actos de corrupci\u00f3n en la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del denominado convenio de colaboraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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