En sesión ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Fiscalización, que preside la diputada Alejandra Ang Hernández, presentó el dictamen número 21, correspondiente a la cuenta pública del ayuntamiento de Tijuana del ejercicio presupuestal 2022, en sentido de no aprobatorio, mismo que fue votado a favor por unanimidad.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público informó que de la auditoría practicada a la entidad fiscalizada se realizaron 92 procedimientos de revisión financiera, de lo programático y presupuestal, obra pública y desempeño; por lo tanto, se cumplió con los extremos establecidos para el efecto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.
En el mismo sentido se generaron 99 resultados con observación de los cuales 31 fueron solventados por la entidad fiscalizada, los 68 restantes se reestructuraron para generar 2 pliegos de observaciones, 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 30 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 30 recomendaciones que se incluyeron en el Informe Individual, destacando que se presentaron 35 faltas recurrentes; estimándose procedente llevar a cabo el análisis, estudio y revisión del Informe Individual.
En la ronda de intervenciones, el diputado Diego Echevarría Ibarra, subrayó que “ya se habían detectado irregularidades, como el manejo del Fideicomiso Fondos Tijuana, por lo que se solicitó una auditoría específica y se confirma que se repartieron 47 millones de pesos a siete asociaciones, para detonar el turismo y economía en Tijuana”; tampoco se destinó el 100% de la recaudación del Programa Cruce Ágil de Servicios Médicos y Turismo de Negocios; el pago de 55 millones a tres empresas para cobro de predial, entre otras observaciones.
El diputado Jorge Ramos Hernández, refirió que “a pesar de la contratación de empresas para el cobro del predial, hay un incremento de la cartera vencida, así mismo no hay información sobre ejecución de embargos, remates o adjudicaciones, no hay requerimientos, no hay seguimiento para verificar la supervisión de los aumentos que se acumulan en el tema del impuesto predial, en detrimento del patrimonio de la ciudad de Tijuana”, por lo que solicitó que la Fiscalía General del Estado investigue las faltas penales en caso de que así resulte.
En el uso de la voz, el diputado Jaime Cantón Rocha, indicó que el dictamen es consecuencia de una serie de faltas de respeto a la ley, al ejercicio transparente del cargo y un desdén por cumplir la ley, por lo que apoyó la solicitud de que intervenga la FGE ante las observaciones y hallazgos emitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), respecto a esta cuenta pública, ya que el recurso público es de la gente y cada peso que gasta el gobierno debe rendir cuentas claras.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina García, indicó que así se revisan todas las cuentas públicas, no se va a permitir que nadie quede en la impunidad si hay un mal manejo de recursos públicos, por lo que aparte de los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria si es necesario, se acudirá a la instancia investigadora correspondiente.
La diputada Araceli Geraldo Núñez, expuso que presentó una iniciativa ante la falta de infraestructura y atención de la zona este de Tijuana, ya que la comunidad demandaba atención, con este dictamen queda en evidencia lo grave de la situación de nuestro municipio, por lo que pidió dar seguimiento puntual a quienes estuvieron involucrados.
Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, Ang Hernández, destacó que el dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, de manera que continúa el trámite correspondiente, por lo que la ASEBC puede iniciar las investigaciones necesarias, no es persecución política, se analizó el informe de manera pública y estos son los resultados obtenidos.
La diputada Yohana Hinojosa Gilvaja, dijo que ha denunciado en medios de comunicación la falta de labor que ha realizado la ex alcaldesa de Tijuana, “es una ciudad abandonada y al término de la administración se va con cuentas pendientes, con la estafa donde se menciona al Síndico, se otorgaron basificaciones con altos sueldos, esto no es persecución política, es justicia social”.
Asimismo, participaron las diputadas Julia Andrea González Quiroz, Adriana Padilla Mendoza, Teresita Ruiz Mendoza, Alejandrina Corral Quintero, Dunnia Montserrat Murillo López y los diputados Fidel Mogollón Pérez y Ramón Vázquez Valadez.