En sesión ampliada de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional que preside la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, compareció el Consejero Jurídico, Juan José Pon Méndez para rendir glosa del 3er Informe de resultados de la administración estatal.
Indicó el funcionario estatal que el derecho humano de acceso a la justicia es un eje rector para este gobierno y derivado de lo anterior,en seguimiento a las instrucciones de la Gobernadora Marina del Pilar Avila, se han brindado un total de 233 mil 872 asesorías gratuitas, lo que representa 51 mil 720 asesorías más, en relación con el año anterior.
La lucha contra la corrupción en todas las esferas del poder público sigue avanzando. En ese sentido, se continua con el proceso penal relativo a la planta fotovoltaica, en el cual se cuenta con 8 autos de apertura a juicio oral por 5 ex servidores y 3 particulares, por los delitos de peculado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.
En ronda de cuestionamientos, la Diputada Montse Murillo, lo interrogó sobre las acciones se han llevado a cabo en la Consejería Jurídica a través de la Defensoría Pública con respecto a niñas, niños y adolescentes. A lo que respondió el Consejero que son a quienes les dan prioridad y en este sentido han realizado un sinfín de reformas.
Pero, en cuando al tema de la defensoría pública, una de las funcionarias que lo acompañó, expuso que tienen un 90 por ciento de de asuntos en los que están involucrados, citando que en materia familiar directamente son los beneficiaros en los juicios en que representan a los padres de estos menores, como es la pensión alimenticia; asesoramiento y acompañamiento en caso de custodia y reglamentación de la convivencia, entre otros.
Con respecto a otra pregunta realizada por la presidenta de esta comisión legislativa, relativa a la identidad de género, refirió Pon Méndez que este gobierno es inclusivo y que la defensoría pública no es ajena a esta inclusión, por lo que se han brindado asesorías para la reasignación de identidad, siendo a la fecha tres personas a las que han acompañado en este proceso.
Por su parte, la Diputada Gloria Miramontes en el uso de la voz, mencionó lo siguiente: “Como legisladora reafirmo mi compromiso con el Estado de Derecho para todos y todas, reconociendo la labor ejemplar de la Consejería. Su colaboración con instituciones académicas y su apoyo en la defensoría pública. Así mismo, destaco las medidas implementadas por la gobernadora del Estado, como la Ventanilla Violeta que ofrece asesoría jurídica gratuita a mujeres, especialmente a víctimas de violencia”.
Posteriormente, a pregunta expresa del Diputado Diego Lara Arregui, respondió el Consejero Estatal que en lo que va de este año, son 2 mil 754 los oficios de exención de pago de derechos a grupos de atención prioritaria, y estos oficios benefician al ciudadano para que inicien, continúen y finalicen un juicio. Lo representativo es que no pagan actas de nacimiento, ni de matrimonio, divorcio o defunción, incluso sus escrituras públicas, calculándose que emitir esta cantidad de oficios en beneficio de la ciudadanía, representa un ahorro aproximado de 3 millones 354 mil pesos.
Entre otros de los temas abordados por las y los legisladores, están: el evitar el desfalco de la Planta Fotovoltaica del gobierno anterior que pretendía comprometer las finanzas del Estado; los avances sobre el reglamento de la Ley de Atención y Prevención de Violencia Familiar y la Ley de Víctimas; y los objetivos presupuestales prioritarios de la Consejería Jurídica para el año 2025, y áreas que se consideran fortalecer para mejorar el acceso a la justicia, entre otros.
Participaron en esta sesión, además de la Diputada Monserrat Murillo, las diputadas Evelyn Sánchez, Maythé Méndez, Michelle Tejeda, Gloria Miramontes, Daylín García, Alejandrina Corral, Michel Sánchez, y los diputados Jaime Cantón Rocha, Juan Manuel Molina y Diego Lara Arregui.
Además del Consejero Estatal, participaron el Subconsejero Jurídico, Julio César Diaz Meza; la Subconsejera Jurídica Zona Costa, Guadalupe Ricardo Rodríguez; la Directora Estatal de Defensoría Pública, María Teresa Sierras y el Director de Proyectos Legislativos, José Fernando Velardez.