El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) sesionó en el Gimnasio Universitario del Campus Tijuana, donde se abordaron diversos puntos de trascendencia para el fortalecimiento académico y normativo de la institución, así como para la consolidación de su estructura organizacional.
Con relación a temas institucionales estratégicos, se llevó a cabo el nombramiento del doctor Carlos Barboza Castillo como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) para el periodo 2025-2029, fortaleciendo con ello los mecanismos institucionales de justicia y defensa de los derechos de la comunidad cimarrona.
El doctor Carlos Barboza Castillo es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho Tijuana. Es doctor en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos por la UABC, maestro en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana del Noroeste y licenciado en Derecho por la misma Facultad en la que actualmente labora.
Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político. Se ha desempeñado como fiscal electoral, diputado local, regidor y director general de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. Desde 2010, ejerce como abogado en la Consultoría de Baja California. Asimismo, ha participado en espacios de actualización en temas como violencia política de género, medios de impugnación electoral y métodos de investigación jurídica.
Entre sus distinciones académicas destacan la mención honorífica obtenida en su tesis doctoral, su participación como consejero técnico y universitario en órganos colegiados de la UABC, así como su contribución como miembro fundador del Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género (COPAVIG) en el Campus Tijuana.
La DDU es un órgano dotado de autonomía técnica con atribuciones para la promoción, defensa y salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad universitaria en el marco de los valores fundamentales que sustentan la identidad cimarrona. Además, se encarga de vigilar y, en su caso, defender el respeto irrestricto de los derechos humanos de la comunidad universitaria, además de promover su enseñanza y difusión.
La persona titular durará en su encargo hasta cuatro años y no podrá ser reelegida. Se apoyará en al menos tres personas defensoras adjuntas, una por cada campus, y tendrá una relación colaborativa paralela y coadyuvará estrechamente con la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa (UGDIE).
Salud mental
También se presentó y aprobó el programa y plan de trabajo para la atención de la salud mental en la comunidad universitaria, con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. Este instrumento se enmarca en la prioridad institucional de promover el bienestar integral —físico, mental y educativo— y en la estrategia que contempla la conformación de Comités de Salud Mental, enfocados en la prevención, intervención en crisis y canalización especializada. Asimismo, se fundamenta en reformas recientes a la Ley General de Salud, así como en marcos internacionales como la Agenda 2030 y el Plan de Acción sobre Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconocen la salud mental como un derecho humano.